7 mar 2009

Camps, la corrupción y la politización de la justicia.

Siempre hemos denunciado el reparto político del control de la justicia. No sólo en el Tribunal Constitucional en donde se maximiza esa manipulación, sino también en los Tribunales de Justicia autonómicos y el Tribunal Supremo.

El pacto por la justicia que firmó en nombre del PP el que fue ministro del ramo, Michavila, hizo que la división de poderes se quedara en una mera invocación retórica y la realidad hace que este poder del estado esté en manos del legislativo o, lo que es lo mismo, de los partidos del duopolio dominante.

Así, el asunto de la corrupción interna del partido popular de la Comunidad Valenciana y los presuntos sobornos cobrados por los máximos dirigentes del PP serán ahora enjuiciados por magistrados nombrados por el propio PP y por el PSOE.

La sala que enjuiciará la penalidad o no de Camps está formada por cinco magistrados. Tres de ellos han sido elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Son los jueces de carrera Juan Luis de la Rúa (PP), José Flors (PSOE) y José Ceres(PP). Los dos restantes fueron elegidos por los partidos más representativos en Les Corts. Se trata de dos catedráticos de la Universitat de Valencia, Juan Montero (PP) y Juan Climent (PSOE).

De los jueces de carrera, Juan Luis de la Rúa y José Ceres pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras que José Flors es de "Francisco de Vitoria".

Así las cosas, todo parece augurar que el deseo obscenamente manifestado por Camps de que recalara por esta jurisdicción y no por la Suprema su causa, se hará realidad.
Y que todo, quiero decir, tanto, al final quede en nada.

Si llegados a este punto alguien se alegra de que las cosas sean así es que padece la misma enfermedad que nuestro sistema. El que el PP obtenga ventaja judicial en este caso no es más que la confirmación de la podredumbre moral generalizada de las instituciones.

Lo mismo que un juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, pueda hacer un viaje de ida y vuelta entre la judicatura y la política con el único objetivo personal de ser ministro.

Una vergüenza.

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