
Controladas por la política siempre han sido un banderín de reclutamiento y contratación de amigos y correligionarios del partido de turno y oficinas de reparto de fondos que, bajo el marchamo “social”, han servido para financiar ediciones de libros, revistas, congresos varios, pintura y escultura de los amiguetes.
Luego, el tema se maquilla repartiendo unos cuantos cientos de miles de euros en proyectos de verdadera dimensión social entre la infinidad de instituciones afectadas por la marginación social. Total que salen a dos mil euros per cápita.
Convertidas en la cueva de Alí Babá y ante las protestas de los colectivos con riesgo de exclusión sobrevino el escándalo y adquirió tal dimensión pública que los Consejos de Administración de estos bancos públicos han iniciado un cambio rumbo. Se trata simplemente de cumplir la finalidad y la legalidad del objetivo social de las Cajas de Ahorros de España.
Las dos mayores cajas, la Caixa y Cajamadrid han iniciado dos campañas verdaderamente acertadas con respecto a la discapacidad, ese colectivo al que la política siempre ha dado la espalda, subrogando en las familias afectadas la responsabilidad de su inserción laboral con el reparto de los escasos fondos que les llegan de la Unión Europea. Y ya te apañarás.
La ley de Integración del minusválido se promulgó en 1982 en España con la finalidad de que todas las empresas con más de 50 trabajadores tuvieran, al menos, un 2% de empleados discapacitados. A fecha de hoy, 27 años después, el 98,7% de las empresas españolas incumplen de manera flagrante esta cuota de reserva social. La mayor empresa que la incumple es la administración, la estatal y las autonómicas, algunas de las cuales elevaron su listón al 5% en un alarde de demagogia política.
Hoy la integración social de personas con discapacidad es una realidad gracias a los esfuerzos de las familias y los colectivos afectados por minusvalías psíquicas, físicas, sensoriales y enfermos mentales que han promovido centros especiales de empleo que dan trabajo estable a más de 60.000 personas.
Las ayudas de las obras sociales de las cajas de ahorro son, a su lado, testimoniales pero al menos se está ya empezando a sensibilizar a la banca de que la limosna es un producto social propio de otras épocas.
Se trata, pues, de crear verdaderos cauces de integración laboral de las personas con discapacidad con proyectos de empleo. Muchas personas con discapacidad, especialmente los afectados por minusvalías psíquicas y enfermedades mentales, sólo consiguen su integración social a través del trabajo donde proyectan no sólo sus habilidades laborales sino todas sus sensibilidades personales.
El empleo es, pues, el mejor factor de integración social y todas las inversiones que se hagan a este respecto, sean o no institucionales, tienen su éxito garantizado.
Cuelgo el enlace del programa “Incorpora” de La Caixa: http://obrasocial.lacaixa.es/integracionlaboral/programa_es.html
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