El Tribunal Vasco de la Competencia (TVDC) considera que el liderazgo nacional de Mercadona, Carrefour y Eroski "desemboca en conductas paralelas que restringen la competencia en el mercado de aprovisionamiento y distribución minorista". Es decir, las tres cadenas forman un oligopolio que sólo puede acabar con una liberalización absoluta del mercado: "Suprimir las restricciones legales en implantación de establecimientos, horarios de apertura y precios".El Tribunal no considera que el oligopolio esté organizado. "Ni la estructura oligopolista del mercado ni la falta de intencionalidad anticompetitiva de las empresas justifican una pasividad de las autoridades de la competencia hacia comportamientos paralelos", advierte el informe poniendo como ejemplo los cárteles de precios.
El documento critica las "conductas colusivas tácitas" (pactos no escritos para perjudicar a un tercero) de las tres cadenas porque "restringen la competencia" y "perjudican el bienestar de los consumidores". Las prácticas denunciadas son el paralelismo de precios en la distribución minorista que restringe la competencia y genera "una tendencia inflacionista de los bienes de consumo diario"; el paralelismo en las negociaciones con proveedores, acción que eleva indirectamente los precios mínimos de venta y restringe la apuesta por la innovación entre los fabricantes; y un paralelismo en la subcontratación de productos para su reventa como marca propia (marca blanca).
Todo ello provoca un efecto 'bola de nieve' en los mercados del aprovisionamiento y distribución de bienes de consumo diario, retroalimentados por una "dinámica anticompetitiva" que aumenta las barreras de entrada a otras compañías y provoca "condiciones comerciales abusivas".
El Tribunal vasco ofrece soluciones a ambos segmentos, el de la distribución minorista y el del mercado de aprovisionamiento.
Para favorecer la competencia del primero, el Tribunal propone suprimir las restricciones ya citadas de horarios de apertura y precios; sancionar las conductas anticompetitivas de empresas y administraciones locales en materia de suelo comercial; imponer desinversiones de monopolios ya establecidos y fomentar el canal de ventas por Internet.
Respecto al mercado de aprovisionamiento, el Tribunal pide suprimir los pagos y condiciones comerciales abusivos impuestos a fabricantes y productores y garantizar la igualdad de oportunidades entre marcas blancas y marcas de fabricantes para que la demanda del consumidor determine el éxito de los productos.
Según otros informes, estas empresas están muy lejos de cumplir la legislación social y códigos éticos que dicen cumplir y que, por contra, sí exigen a sus proveedores.
Mercadona, con mas de 65.000 empleados incumpe la legislación de integración social de discapacitados de 1982 que exige una cuota de empleo de, al menos, el 2 % de personas con discapacidad o la observancia de decretos de medidas alternativas para el empleo social.
Carrefour estaría en el mismo caso. Representantes sociales de la discapacidad denuncian esta grave discriminación laboral así como el silencio culpable de los sindicatos que gozan en este tipo de empresas de vergonzosos privilegios. Asimismo, las autoridades administrativas nunca han tenido un interés claro en la exigencia de estas obligaciones sociales que supondrían un cupo altísimo de empleo de personas con discapacidades psiquicas, mentales, sensoriales o físicas. Pero el oligopolio no sólo puede con el segmento de proveedores, sino tambien con el sindical y el político. Este tipo de practicas abusivas e ilegales no tienen cabida ni en la legislación española ni en la europea, en general. Por ello las entidades y sectores afectados confían en que esta situación oligopolística muera ante las instituciones europeas.
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