Cerca de veinte contratos son los que el bufete de abogados en el que colabora el diputado del PP José María Michavila, Eius, ha firmado con la Generalitat y diversos ayuntamientos de Valencia, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Estos consistorios, gobernados por el PP, han recurrido al despacho de abogados para la elaboración de algunas leyes fundamentales.Eius fue contratado por parte de la Generalitat para redactar el anteproyecto de ley audiovisual de la comunidad en 2005 y siete meses después representó a una empresa que logró 13 licencias de TDT de esa Administración. Es decir, que el bufete compatibilizaba el asesoramiento a empresas privadas y a los ayuntamientos sobre la misma materia.
Los contratos llevados a cabo cuentan con el visto bueno de Alberto Dorrego, que además de administrador único del despacho es letrado de las Cortes y está siendo investigado por la Cámara por presunta vulneración de la ley que les impide asesorar o elaborar dictámenes para comunidades y ayuntamientos.
El tema de Michavila clama al cielo porque la incompatibilidad es manifiesta. O ¿probablemente lo que es manifiesto es el tráfico de influencias?.
Con estas accciones que se ponen a la altura del sinvergüenza de Juan Guerra, el de los"cafelitos" del PSOE, flaco favor hace a su partido.
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